Luego del rechazo de la sociedad civil y partidos de oposición a que la
Guardia Nacional esté bajo mando militar, Morena modificó la iniciativa y
propuso que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control tan sólo
durante los primeros cinco años; posteriormente lo cederá a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana.
QuePasaCOLIMA.- Dicho
cambio, más otros tres centrales, no generaron el respaldo de PAN, PRD y MC
durante la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo,
Morena y el Partido Encuentro Social (PES) lograron sumar 18 votos a favor, por
lo que se aprobó en lo general el dictamen que modifica 13 artículos de la
Constitución y crea siete transitorios para dar paso a la nueva Guardia
Nacional.
El PRI
estuvo ausente en la votación pero, horas antes, durante los posicionamientos,
aclaró a través de la diputada María Alemán: “no encontramos condiciones
suficientes que nos permitan definir nuestro voto”.
Al final se
lograron 18 votos a favor (16 de Morena y dos del PES), seis en contra (PAN
tres, MC dos y PRD uno). En total son 33 quienes integran la comisión; el PRI,
que cuenta con tres votos, no acudió; el PVEM, que tiene uno, tampoco asistió;
el PT, que tiene dos, no estuvo, y faltaron dos diputados del PAN y uno de
Morena.
El nuevo
dictamen incluye reformas a 13 artículos de la Constitución, los cuales dan
paso a la creación de la Guardia Nacional. Para lograr el respaldo de los
partidos opositores, Morena cabildeó entre los gobernadores y, desde la noche
del miércoles, corrió la versión de que estaban de acuerdo.
Sin embargo,
el PRI dejó en suspenso su voto; se espera que este último vote a favor en el
pleno el día de mañana viernes y lograr así los 334 votos que se requieren para
los cambios constitucionales.
La
modificación central del dictamen establece que el mando lo tenga la Secretaría
de la Defensa Nacional pero “por un plazo máximo de cinco años, como
excepción”, y transcurrido el tiempo, estará en forma “permanente” bajo la
égida de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
El segundo
cambio que se establece y con el cual se busca obtener el respaldo de la
oposición en el pleno de la Cámara de Diputados es que el Congreso “podrá
disolver” la Guardia con el voto de las dos terceras partes. Sin embargo, el
articulado no define en cuáles casos se podrá realizar tal disolución.
Un tercer
cambio es que la Guardia Nacional sólo podrá entrar en funciones una vez que se
expidan la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y la Ley de Uso Legítimo de la
Fuerza. Ello deberá ocurrir durante los meses de enero y febrero. Así, la
Guardia Nacional empezaría a operar oficialmente a partir del 1 de marzo de 2019.
Y el cuarto
cambio es la precisión de que los detenidos serán “sin demora y exclusivamente”
puestos bajo la custodia de las autoridades civiles, nunca militares.
“Los
detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante
autoridades de carácter civil” y, “en todos los casos, existirá un registro
inmediato de la detención”, se indica en el artículo 16 de la Constitución. La
propuesta inicial no contenía tiempos, exclusividad ni registro.
Unido a la
anterior disposición y para atender las demandas de la sociedad civil, Morena
sumó al artículo 13 que las faltas contra la disciplina militar en que incurran
los integrantes de la Guardia Nacional “serán conocidas por las autoridades
militares”. La primera versión solo incluía que serían conocidas por la
autoridad civil; ésta se mantiene.
La nueva
propuesta también incluye que el Presidente de la República puede “ordenar”,
“disponer” y “reglamentar” las policías auxiliares de los estados, los cuerpos
de seguridad privada autorizados por la federación, y las “herramientas tecnológicas
aplicadas a la seguridad pública, de conformidad con la ley respectiva”. No se
aclara si se refiere a la autorización para escuchas privadas.
La nueva
confección de reforma a los 13 artículos constitucionales impone obligaciones
para los gobiernos locales y les condiciona la entrega de recursos económicos
en materia de seguridad pública.
Por ejemplo,
señala tres revisiones: durante los tres primeros años, el gobierno realizará
un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como el fortalecimiento
de las capacidades de las policías civiles.
Al segundo
año de entrada en vigor la Guardia Nacional, el Ejecutivo Federal enviará a
ambas cámaras una evaluación y los alcances logrados.
También en
esos dos años, el Consejo de Seguridad Interior, en coordinación con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hará un
diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades de las
instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios.
Dicha
evaluación servirá para establecer si las policías municipales ya se pueden
encargar de la seguridad pública. De no ser así, el Secretariado Ejecutivo intervendrá a la policía estatal o municipal.
Y se les capacitará.
Seis meses
después, si persiste la falta de fortaleza institucional que no permita a las
policías asumir su función, no se les entregará el dinero que les corresponde
para atender la seguridad pública:
“Descontará
el rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al
gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo, el monto que
corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la
federación a través del cuerpo de seguridad respectivo”.
La discusión
del dictamen se realizó con un par de tropiezos que llevaron a la Comisión de
Puntos Constitucionales a trasladarse a otro salón de sesiones.
Primero,
cuando aún se discutía el orden del día, Alfredo Lecona, integrante de la
agrupación civil Seguridad sin Guerra, se ubicó en el panel o cartel que forma
parte del escenario e identifica a la Comisión de Puntos Constitucionales, y
escribió sobre ella: “aquí no se escucha” y “No a la mili….” En ese momento fue
interceptado por elementos de seguridad de la cámara y se declaró un receso.
Después,
luego de que Morena anunció que habría cambios (los arriba descritos), se dio
un receso de dos horas y media para que la oposición los conociera. Al intentar
reanudar la sesión, los colectivos Seguridad sin Guerra, Causa en Común y
Cencos se sentaron en los lugares de la presidencia, por lo que el encuentro se
trasladó al llamado “salón verde”.
Luego de
varias horas de discusión, el dictamen fue avalado en lo general y lo
particular, con la ausencia del PRI. Minutos después de la votación en lo
general, se permitió hablar al dirigente de la agrupación Seguridad Sin Guerra,
Alfredo Lecona, quien dijo que Alfonso Durazo les mintió pues les había
asegurado que la Guardia Nacional estaba “desechada”. Sin embargo, y aunque no
se escuchó a las víctimas, sostuvo, “les damos un voto de confianza”.
Mañana
viernes se dará primera lectura en el pleno para votarse el domingo, donde se
espera que Morena-PES-PT y PVEM, que juntos suman 311 votos, cuenten con el
respaldo del PRI (47 votos) para alcanzar así los 334 votos para poder aprobar
cambios a la Constitución.
De inmediato
pasará al Senado de la República para su discusión y, en caso de ser avalado,
pasará a los Congresos estatales en busca del respaldo de por lo menos 17 de
ellos.
La noche del
miércoles se corrió la versión de que los gobernadores de todos los partidos
estaban a favor de la creación de la Guardia Nacional.
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