Jueces, magistrados y
ministros del país se preparan para dar la batalla contra ciertas medidas del
nuevo gobierno. El conflicto fue detonado por la modificación a la Ley de
Remuneraciones, que ajustaría a la baja las percepciones de algunos juzgadores
del país. Pero también protestan contra la injerencia que tendrán los poderes
Legislativo y Ejecutivo en la reorganización del Judicial, como en el tema de
los relevos en la Suprema Corte.
QuePasaCOLIMA.-
Los jueces del país se preparan para
equilibrar el poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en
el Congreso de la Unión. La pretensión del nuevo gobernante y los legisladores
de Morena para reducir los sueldos y prestaciones en el Poder Judicial de la
Federación (PJF) y disponer de su permanencia en los tribunales, tiene
movilizados a los impartidores de justicia en todo el país, apoyados desde la
Suprema Corte.
Como
nunca antes había ocurrido en la historia moderna de México, el PJF se dispone
a actuar para reivindicar el equilibrio de poderes, su independencia y su
autonomía ante lo que el ministro saliente José Ramón Cossío Díaz consideró el
29 de noviembre como un gobierno que quiere hacer “lo que le venga en gana”.
En
una acción sin precedente, centenares de jueces y magistrados promueven un
amparo colectivo que más allá de su rechazo a la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, representa la posición del PJF ante el gobierno de
López Obrador y la mayoría que tiene en el Congreso. Aseguran que el nuevo
Ejecutivo, apoyado por esa mayoría, pretende cooptar al Poder Judicial para
disminuir los controles a la concentración del poder.
Hasta
el viernes pasado (30 de noviembre), más de 614 titulares de juzgados y
tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo
contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya
han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos.
Además,
López Obrador está en condiciones de influir en el perfil de la SCJN con la
designación de tres de sus 11 ministros.
En
lo inmediato está el reemplazo de Cossío, quien este viernes terminó su periodo
de 15 años en la SCJN. El saliente gobierno de Enrique Peña Nieto dejó al de
López Obrador la definición de la terna que se debe entregar al Senado para
designar al próximo ministro.
En
febrero el presidente estará otra vez en condiciones de proponer a quien habrá
de suceder a la ministra Margarita Luna Ramos. Lo mismo pasará en 2021, cuando
termine el periodo de José Fernando Franco González Salas.
Con
la mayoría que tiene Morena en el Senado se da por casi un hecho que los nuevos
ministros sean cercanos al presidente. Entre los nombres que se han hecho
públicos como propuestas de López Obrador para posibles ministros destaca el de
la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José
María Riobóo, uno de los empresarios más cercanos al nuevo presidente.
La
redefinición en la SCJN también pasa por un hecho próximo: la designación de
quien será su nuevo presidente, que al mismo tiempo se convierte en presidente
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Quien sea el máximo representante
del PJF será el interlocutor de López Obrador durante cuatro años, entre enero
de 2019 y enero de 2023.
Será
además quien dé la cara ante las impugnaciones que lleguen a la SCJN por los
actos de gobierno de López Obrador. Proyectos centrales para la nueva
administración, como la creación de la Guardia Nacional, las consultas
populares o la construcción del Tren Maya, podrían acabar en juicios
constitucionales a cargo del máximo tribunal del país. Ya hay una primera, la
acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) precisamente a la Ley de Remuneraciones.
Vieja
confrontación
Desde
su primera campaña electoral, en 2006, López Obrador entró en confrontación con
la SCJN al descalificar la labor de los jueces y criticar sus altos ingresos.
Ya como presidente electo, en agosto pasado acudió a la Corte para reunirse con
los ministros, sin que saliera a dar un mensaje junto con el presidente del
máximo tribunal, Luis María Aguilar, como estaba previsto.
La
confrontación ahora se amplió al Poder Legislativo luego de que las mayorías de
Morena en el Congreso, en un apresurado y cuestionado proceso legislativo,
aprobaron las reformas a la Ley de Remuneraciones, que fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre pasado, por decisión del
presidente del Senado, Martí Batres.
La
magistrada Sonia Rojas Castro, integrante del Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Duodécimo Circuito, fue la primera en impugnar la Ley de
Remuneraciones, con el argumento de la independencia del Poder Judicial; el 20
de noviembre obtuvo una suspensión para que no se le aplique esa norma que
reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política.
El
juez, sin embargo, se declaró impedido para resolver la solicitud de amparo y
el caso pasó a un tribunal colegiado, el cual también solicitó que fuera
atraído por la SCJN. El amparo está ahora en manos del ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien deberá resolver a partir de los criterios del máximo
tribunal sobre la inaplicación de leyes violatorias de la Constitución.
La
posición final de la Corte se definirá cuando resuelva la acción de
inconstitucionalidad, promovida por la CNDH el 22 de noviembre, por considerar
que la Ley de Remuneraciones podría vulnerar los derechos humanos. Asimismo, el
máximo tribunal habrá de pronunciarse ante el amparo colectivo que promueven
jueces y magistrados federales de todo el país.
Según
la CNDH, promovió el juicio de constitucionalidad a petición de mil 190
personas. El caso lo tiene el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los
aspirantes a presidir la Suprema Corte a partir de enero próximo.
En
su impugnación, la CNDH dice que la ley aprobada por la mayoría del Congreso
vulnera no sólo la Constitución, sino compromisos internacionales asumidos por
México para garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial.
En
un escrito de 268 páginas, los promotores del amparo señalan que desde su
campaña presidencial, López Obrador no sólo propuso bajar los sueldos, sino que
desprestigió a la Corte y a todo el PJF. Añaden que desde la rendición de
protesta del nuevo Congreso hay “un claro contexto de debilitamiento del Poder
Judicial”, mediante ataques a la independencia del mismo, como consideran a la
Ley de Remuneraciones, y una serie de iniciativas promovidas principalmente por
Morena en la Cámara de Diputados y el Senado.
Entre
esas propuestas están la rotación de cargos para que un juzgador no esté ni
menos de tres años ni más de seis en un juzgado o tribunal, así como la
aplicación de exámenes toxicológicos, psicológicos y poligráficos para el
ingreso y la promoción. De esa manera, los legisladores pretenden evitar el
nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.
Los
promotores del amparo dicen que aunque hay casos de corrupción y nepotismo en
el PJF, no es un problema sistemático ni generalizado para justificar “la
campaña negativa sostenida desde el podio de algunos senadores y del gobierno
entrante”.
Añaden:
“Esos ataques a la independencia judicial no se limitan exclusivamente a los
actos y normas reclamadas en este amparo, sino también a declaraciones que se
enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra el Poder Judicial en su
conjunto, que lo que denota es otra intención: la cooptación del Poder Judicial
por parte del Ejecutivo para disminuir controles a la concentración del poder
que se evidencia por medio de la actual conformación del Congreso (supra), así
como de muchas medidas y leyes ya anunciadas”.
Múltiples
quejosos
El
documento tiene una alta representatividad. Hasta la víspera de la asunción de
López Obrador, el número de quejosos era de 2 mil 194, entre juzgadores en
activo y en retiro. De ellos, 323 son magistrados y 291 jueces de distrito. Es
decir, 614 impartidores de justicia. Además, se habían sumado 782 secretarios,
158 actuarios y 85 externos; es decir personal del Consejo de la Judicatura
Federal y del Tribunal Electoral del PJF.
Destacan
que otras iniciativas “igualmente preocupantes” presentadas en el Congreso
pretenden derogar la garantía de irreductibilidad del salario de los titulares
del PJF y de los jueces estatales y que los nombramientos de los integrantes
del Consejo de la Judicatura Federal los haga en su totalidad el Senado.
Actualmente, de los siete consejeros del CJF, dos son designados por la
Presidencia de la República, dos por el Senado y tres por el Poder Judicial de
la Federación.
Se
refieren al senador de Morena Ricardo Monreal en su expresión de “darle una
sacudida” al Poder Judicial, y aseguran que la Ley de Remuneraciones y esos
proyectos legislativos son “un ataque frontal contra la independencia judicial”
y “buscan crear una indebida injerencia en las funciones de este poder, como
forma de presión social, política y jurídica en la actividad jurisdiccional”
que les da la Constitución.
Insisten
en que ese paquete legal “está encaminado a afectar la división de Poderes y la
independencia judicial en detrimento del estado de derecho y las bases sobre
las cuales se constituyó el Estado mexicano”.
En
el amparo contra la ley, dicen que además hubo violaciones al proceso
legislativo, pues se aprobó “en un proceso apresurado” y “sin respetar algún
tiempo legal para distribuir el proyecto y que fuera analizado por las bancadas
de cada partido político”.
Destacan
también que como la ley no era publicada en el Diario Oficial de la Federación
por el Ejecutivo, el Senado decidió hacerlo, a pesar de que la ley ignora
principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de
independencia judicial. Y advierten: “si el Poder Judicial no sirve de
contrapeso, deviene un abuso de poder autoritario”.
En
ese ánimo de muchos juzgadores del país, no fueron extrañas las palabras de
Cossío en el discurso de despedida que pronunció ante la cúpula del Poder
Judicial, integrada por los ministros, los consejeros del CJF y los magistrados
electorales del Tribunal Electoral del PJF.
“La
democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, supone que puede
hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana porque al final de
cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario”, dijo Cossío Díaz en una
abierta alusión al nuevo gobierno.
Continuó
el ahora ministro en retiro: la función central de la justicia constitucional
es precisamente retener esos intentos. En un tono inusual no sólo para un
ministro que pasa a retiro, sino para los discursos públicos en el pleno de la
Corte, añadió con clara referencia al próximo titular del Ejecutivo: “La
justicia constitucional puede morir, así como muere la democracia cuando no
somos capaces de generar todos los elementos de refuerzo para ellas”.
Laurence
Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, centro
de pensamiento dedicado a evaluar el ejercicio de gobierno en el país, observa
que desde el inicio de la actual Legislatura, en septiembre, se han presentado
ocho iniciativas de reformas al Poder Judicial: cinco de Morena, dos del PRD y
una del PT, aliado del ahora partido gobernante.
Asegura
que esas propuestas no han surgido del diálogo con los jueces para identificar
lo que es necesario cambiar, y aunque se proponen eliminar la corrupción y el
nepotismo “pueden generar más problemas de lo que intentan resolver”.
Menciona
el caso de la rotación de jueces propuesto por Monreal, que “puede generar un
mercado de favores al interior del PJF”, porque la iniciativa no tiene ningún
mecanismo de control para que los procesos de adscripción no se vuelvan
arbitrarios.
Sobre
la iniciativa también de Monreal de que haya concursos exclusivos para la
promoción de mujeres, observa que no es original, pues ya los había propuesto
el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
Considera
asimismo que los controles de confianza propuestos para desincentivar la
corrupción, también pueden ser contraproducentes porque “podrían ser utilizados
como criterios subjetivos para excluir a algún funcionario que sí tenga los
méritos”, además de que podrían ser discriminatorios en el caso de las mujeres
embarazadas.
Considera
también como discriminatoria una de las iniciativas del PRD para que ningún
familiar de jueces o magistrados se incorpore al Poder Judicial. En cambio,
añade, ninguna de las iniciativas está encaminada al desarrollo de una
verdadera carrera judicial.
Dice
que aunque la Ley de Remuneraciones no es exclusiva para el Poder Judicial, en
todo el mundo hay medidas para proteger los sueldos de los jueces y los
funcionarios judiciales, porque cuando hay conflictos entre el Poder Judicial y
el Ejecutivo, para éste puede ser muy fácil intentar someterlo afectando el
sueldo. Hay acuerdos internacionales para que ello no suceda, dice la
investigadora.
Con
la actual formación del Congreso, el único contrapeso que queda es el Poder
Judicial, fuera del papel de los medios y la sociedad civil. Es muy probable
que muchas de los propuestas del nuevo presidente lleguen a la Corte. Pero ni
el Poder Judicial puede seguir tan opaco como ha sido hasta ahora, ni el
Ejecutivo puede pensar que con el Poder Legislativo lo va a someter, asegura
Pantin.
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