Legisladores del PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano votaron en contra de la Guardia Nacional porque se militariza de
manera permanente la seguridad pública del país
QuePasaCOLIMA.- Con la mayoría de los votos de Morena, y los partidos
del Trabajo, Encuentro Social, Verde Ecologista, y Revolucionario
Institucional, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución que
crea la Guardia Nacional, una institución policiaca que militariza la seguridad
pública del país, a decir de legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La Guardia
Nacional será una policía de la federación dirigida por una Junta de jefes de
Estado Mayor, compuesta por las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina,
según el proyecto avalado por la Cámara baja, que aun debe aprobarse en el
Senado y contar con la anuencia de al menos 17 Congresos de las entidades
federativas.
Sus
integrantes serán elementos de las policías Federal, Militar y Naval, así como
otros miembros de las Fuerzas Armadas. Estos últimos “conservarán su rango y
prestaciones” en el Ejército o la Marina para efectos de su antigüedad laboral.
Corporación
híbrida
Si bien la
minuta aprobada establece que la Guardia Nacional será una institución de
seguridad pública de carácter civil, también se detalla que su estructura
jerárquica, la disciplina, los ascensos, las prestaciones, el ingreso, la
profesionalización, así como las tareas que en general lleve a cabo, estarán
homologadas a las que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Así mismo,
si los miembros de la Guardia Nacional cometen algún delito en el ejercicio de
sus funciones, estos serán conocidos “por la autoridad civil competente”, pero
si se trata de una falta o ilícito en contra de la disciplina militar, serán
los tribunales castrenses los encargados de juzgarlos.
Estas
contradicciones fueron señaladas por los diputados de los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, e incluso por
ocho legisladoras de Morena, entre ellas Tatiana Clouthier, Lorena
Villavicencio y Abelina López Rodríguez.
“Se debe
evitar que se institucionalice la presencia de los militares en el país”, pues
estos no están hechos para atender las labores de seguridad pública, dijo
Clouthier en la tribuna.
Quien fuera la
jefa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que la
integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos
constitucionales.
“Reconocer
una Junta de jefes de Estado Mayor equivale a elevar a los militares a un nivel
constitucional en la toma de decisiones, y por tanto que puedan ejercer sus
funciones sin cuestionamiento alguno”, aseveró Tatiana Clouthier, cuyas
observaciones y reservas al dictamen fueron rechazadas.
Investigación
delictiva
La Guardia
Nacional, bajo la conducción del Ministerio Público, podrá investigar delitos y
hacer detenciones. En este último caso el detenido deberá ser puesto “a
disposición en instalaciones de las autoridades civiles”.
Hasta ahora
el Ministerio Público dispone de las policías de investigación para llevar a
cabo las pesquisas de los delitos. La reforma no aclara si estas últimas
desaparecen, y tampoco especifica si los elementos de la Guardia Nacional serán
capacitados en técnicas de investigación.
Esto
“normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública y establece un
cambio constitucional que perpetúa policías militarizadas”, recriminó la
diputada del PRD, Frida Alejandra Esparza Márquez.
La respuesta
de parte de Morena estuvo a cargo del coordinador de los diputados de ese
partido, Mario Delgado Carrillo, quien insistió que la nueva corporación será
de “carácter civil, disciplina militar y preparación policial en derechos
humanos y equidad de género”, además de que “no será un instrumento para
reprimir manifestaciones, marchas y protestas sociales”.
Contrapesos
mínimos
La reforma
elimina del texto constitucional vigente la facultad exclusiva del Senado, o en
su defecto la Comisión Permanente del Congreso, para dar su consentimiento al
presidente de la República a fin de que este pueda disponer de la Guardia
Nacional.
En cambio se
faculta al presidente para designar a los integrantes de los órganos de
dirección superior de la nueva corporación, y para disponer “lo necesario para
la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia
Nacional”.
En cuanto a
las actividades que esta desarrolle, el mandatario federal deberá informar
–anualmente- al Senado sobre estas.
En ese
tenor, el uso legítimo de la fuerza y los arrestos que lleve a cabo la Guardia
serán reglamentados en dos leyes que deberán emitirse por el Congreso, dentro
de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
A su vez, la
Ley de la Guardia Nacional tendrá que ser aprobada por las cámaras de Diputados
y Senadores en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la vigencia de estos
cambios constitucionales.
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