Los cuellos de botella en las estaciones han
disminuido, pero el robo de combustible está tan arraigado que será difícil de
erradicar, incluso en Tlahuelilpan.
QuePasaCOLIMA.- Días
después de un estallido que generó una enorme bola de fuego cerca del pueblo
mexicano de Tlahuelilpan, provocando la muerte de al menos 117 personas que
extraían gasolina de un ducto, ladrones de combustible de la zona regresaron a
trabajar como si nada hubiera pasado.
Las tomas
ilegales, algunas de ellas recién abiertas, fueron la prueba de que el
combustible estaba escapándose de nuevo. Soldados que patrullaban el área en el
centro de México tras la tragedia del 18 de enero dijeron que hallaron 15 tomas
ilegales a pocos kilómetros y en el mismo ducto, operado por la petrolera
estatal Pemex.
En un sitio,
Reuters vio un agujero recién excavado que conducía a una válvula unida a la
tubería enterrada sólo un metro por debajo de la superficie. En las cercanías
se encontraron mangueras de plástico, envolturas de comida, un paquete vacío de
cigarrillos y una manta mojada con gasolina.
Situaciones
como esta muestran el enorme desafío que enfrenta el presidente Andrés Manuel
López Obrador para poner fin al desenfrenado robo de combustible. El delito
está privando al gobierno de los ingresos fiscales que tanto necesita y costó a
Pemex un estimado de 3,000 millones de dólares el año pasado.
Expertos en
seguridad dicen que desde pequeños ladrones, bandas del crimen organizado hasta
empleados corruptos de Pemex están involucrados en el negocio.
Los ladrones
con operaciones más organizadas suelen perforar los ductos para desviar
gasolina y diesel durante la noche en zonas rurales, luego la revenden a
propietarios de estaciones de servicio, en las carreteras y en mercados al aire
libre.
Un portavoz
de Pemex no respondió varias solicitudes de comentarios para esta nota.
En
diciembre, López Obrador lanzó una campaña contra el robo de combustible. Para
frustrar las tomas ilegales, ordenó a Pemex distribuir combustible por tierra
en camiones cisterna. El resultado: escasez generalizada y largas filas en las
gasolineras.
Los cuellos
de botella en las estaciones han disminuido, pero el robo de combustible está
tan arraigado que será difícil de erradicar, incluso en Tlahuelilpan.
El prefacio
de la tragedia fue cuando unos 800 pobladores de la localidad, muchos cargando
recipientes, se dirigieron a un ducto cercano después de que se corriera la voz
en redes sociales de que había una gran piscina de gasolina en una toma ilegal.
Docenas murieron cuando el combustible se encendió y muchos otros quedaron
gravemente quemados.
Marcelino
Valdez, un sacerdote católico en Tlahuelilpan, dijo entre funerales de las
víctimas que muchos aquí apoyan a López Obrador, pero dudaba que la nueva
estrategia produjera resultados rápidos en un lugar donde los trabajadores
agrícolas ganan unos 150 pesos (7.88 dólares) al día y casi dos tercios de la
población vive en la pobreza, según datos del gobierno.
“Al pueblo
no le gusta robar, no es un gusto, no es una diversión”, dijo Valdez. “Pero veo
mucha gente que mira hacia arriba y ve cuanta corrupción, cuanta injusticia y,
de repente, se mira con las manos vacías”, añadió.
Pemex está
implicado
El estado de
Hidalgo, donde se ubica Tlahuelilpan, es el líder nacional en perforaciones
para el robo de combustible. Los ladrones, conocidos como huachicoleros,
realizaron un récord de 2,121 tomas ilegales, o casi seis por día, según datos
de Pemex, un aumento de más de seis veces en sólo dos años.
Expertos de
la industria petrolera dicen que la ubicación de Hidalgo es clave. Situado al
norte de la capital mexicana, es sede de la segunda refinería más grande de
Pemex y aloja uno de sus ductos más importantes, que ayuda a abastecer el área
metropolitana de la Ciudad de México.
Los precios
de los combustibles también son un factor. A principios de 2017, el gobierno
del entonces presidente Enrique Peña Nieto subió los precios hasta en un 20 por
ciento en un intento de terminar con los costosos subsidios, una medida que
muchos en Tlahuelilpan dicen que está impulsando el robo.
Desde que
López Obrador lanzó su campaña se han arrestado a 558 personas acusadas de
robar combustible, se ha congelado cuentas bancarias y desplegado soldados para
vigilar instalaciones clave de Pemex, incluyendo la refinería de Tula, a unos
15 kilómetros al suroeste de Tlahuelilpan.
Si bien el
crimen organizado es responsable de una gran parte del problema, el presidente
también culpa a trabajadores corruptos de Pemex del comercio ilícito.
“Estamos
hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se
apoya en un sistema de distribución de combustibles”, dijo López Obrador
durante una conferencia de prensa el 27 de diciembre.
Juan Pedro
Cruz, alcalde de Tlahuelilpan, también sospecha de empleados de Pemex. El
funcionario dijo a Reuters que visitó el sitio de una toma ilegal poco después
de ser electo alcalde en 2016 y vio cómo los trabajadores de la petrolera
cubrían cuidadosamente la perforación en un ducto sin deshabilitarla.
“¿Qué
mensaje me deja a mí? Que ni siquiera le ensuciara la toma porque la iban a
ocupar”, añadió.
Sin embargo,
el mismo Cruz está bajo sospecha. Tras la explosión en enero, reportes
periodísticos lo vincularon con un almacén que alguna vez fue usado para
almacenar combustible robado. Cruz negó haber hecho algo malo y dijo que Pemex
le pidió que le ayudara a encontrar un lugar seguro para almacenarlo.
Además de
arrestar a los ladrones de combustible, López Obrador ha lanzado un programa de
becas mensuales de 3,600 pesos (189 dólares) para jóvenes desempleados, que
presenta como una forma de abordar las causas fundamentales del crimen.
Pero algunos
habitantes de Tlahuelilpan dudan que esto disuada a muchos jóvenes de
aprovechar lo que consideran su única oportunidad de salir adelante.
Mariano
Hernández, un maestro local de matemáticas, dijo que algunos ladrones de
combustible pueden cobrar hasta 10,000 pesos (525 dólares) diarios.
“Ellos
dicen: ‘Prefiero ganar bien un año, dos años, que vivir muchos años en la
pobreza”, dijo Hernández.
Pero el
mayor reto del presidente puede ser persuadir a personas como Magali Ortiz de
que el robo de combustible es digno de una campaña frontal. Su esposo Omar
Vázquez, murió en la explosión y dos otros parientes están desaparecidos.
“Aquí ya el
huachicol es un trabajo, ya no es delincuencia”, dijo Ortiz, de 37 años y madre
de cuatro hijos. “Hay mucha gente tan ignorante que dice: ‘ellos estuvieron
allí por rateros. No señor, mi esposo ni carro tenía”, subrayó.
0 comentarios:
Publicar un comentario