La SFP detectó un permiso otorgado para el transporte
de gas a natural a una empresa vinculada con la familia de García Alcocer.
QuePasaCOLIMA.- La
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó este lunes
que se investiga la existencia de un posible conflicto de interés del
presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García
Alcocer.
En
conferencia de prensa, la funcionaria federal detalló que él mismo ha
reconocido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, labora en
una empresa extranjera, Vestas, dedicada a la fabricación, venta y
mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad.
Además de
que “Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en cuarto grado, primo
hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa
Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la
Comisión Reguladora de Energía denominada Fermaca”.
Puntualizó
que se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa
Fermaca, “misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del
15 de junio de 2017”.
La funcionaria
federal detalló que “en esta fecha el servidor público de referencia ya era
presidente de la institución, este permiso que él mismo ya como presidente de
la institución pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su
momento”.
Por estos
hechos y tras la denuncia pública realizada por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se inició una investigación de oficio y “hemos
descubierto al momento este contrato, este permiso para transporte de gas
natural, eso ya constituye en sí mismo una activación del conflicto de interés
potencial que el reconoce en su declaración patrimonial”.
La
investigación continuará de manera coordinada con la Secretaría de Energía
(Sener), y en su caso se podría llegar hasta la inhabilitación del servidor publicó,
puntualizó.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, recordó que
“el conflicto de interés no se circunscribe a las relaciones de carácter
familiar, sino también a las personales o de negocios”.
El
funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abundó que el
señalado hermano de su cónyuge, si bien labora para una empresa extranjera, esa
compañía tiene una filial en México “y en realidad el cuñado trabaja para la
empresa mexicana”.
Puntualizó
que el hermano de la cónyuge presenta una serie de declaraciones; sin embargo,
dentro de la declaración no se incluyen tres empresas, una que tiene un
proyecto con Petróleos Mexicanos (Pemex) con 186 pozos operativos distribuidos
en siete campos.
Dos, una comercializadora
de productos químicos que ganó una licitación en Pemex sobre la explotación de
ductos en la cuenca costera de Chicontepec, cuando el sujeto analizado ha
pasado por diversas áreas de Petróleos Mexicanos.
Sobre la
tercera empresa, los accionistas son dos personas morales, incluyendo la
empresa enumerada con el número dos, que se dedican a la perforación de pozos
petroleros y de gas.
Indicó que
en esta última empresa se detectó que de febrero de 2014 a diciembre de 2018
realizaron transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148
millones de dólares.
Por lo que
“resulta por demás interesante, por decir lo menos, que la empresa número dos
que es accionista de una empresa, que puede transferir 148 millones de dólares
al extranjero, presente tan bajos reportes al Servicio de Administración
Tributaria (SAT), lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal”.
Hizo notar
también que uno de los familiares “de la persona políticamente expuesta, antes
mencionada”, tiene dos vuelos a Guatemala, y nueve vuelos a El Salvador.
Detalló que
“esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes del
lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos
en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos para llevar el
efectivo a paraísos de naturaleza fiscal; no estamos afirmando”, sino sólo
explicando el modelo, afirmó.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo en
otro tema, con relación a los siete gasoductos que se encuentran detenidos, que
“se les entregaron permisos a las compañías, pero no se les dio el derecho de
vía”.
Por lo que
cuando se meten las empresas a hacer los gasoductos “se topan con problemas
sociales porque en una forma irresponsable se entregan permisos sin tener el
desarrollo del proyecto concluido, y eso sí es responsabilidad de la Comisión
Reguladora de Energía”.
El pasado
viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Guillermo Ignacio
García Alcocer, de posible “conflicto de interés”, luego de que éste criticara
los perfiles de las personas propuestas por el presidente para ocupar los
puestos vacantes en la CRE.
García
Alcocer solicita audiencia con AMLO
Tras las
aseveraciones hechas en la conferencia matutina, el presidente de la CRE negó
haber cometido alguna irregularidad o actuado con preferencias para otorgar
permisos.
En
conferencia de prensa García Alcocer argumentó que “el otorgamiento de permisos
en la CRE incluyendo el de las empresas referidas en la mañana, se realizaron
en apego al marco legal vigente y se otorgaron a quienes cumplieron con los
requisitos de ley, esto no significa trato preferencia ni conflicto de interés”.
El
funcionario resaltó que estos señalamiento por parte del gobierno vinieron
luego de que él expresara su opinión sobre la terna propuesta por el presidente
para ocupar los puestos como comisionados de la CRE, por lo cual considera que
se está “utilizando a las instituciones del gobierno” con fines políticos.
“En suma,
nada de lo señalado en la conferencia matutina demuestra un conflicto de
interés o una conducta inapropiada de mi parte. Siempre me he conducido con
rectitud y transparencia en mi vida profesional, y los últimos 24 años de de
servicio público ininterrumpido así lo demuestran (…) desde aquí solicito una
audiencia al presidente López Obrador, para que escuche mi verdad y para
demostrarle que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de
nación”, agregó.
Finalmente
García Alcocer aseguró que no solicitará permiso para dejar su cargo y que la
única autoridad que podría removerlo es el Senado de la República, pero
“nosotros no hemos incumplido en ningún momento con la ley”.
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