Oleada de ciudadanos en contra del impuesto sobre el consumo

QuéPasaColima.- Según investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), la capacidad de recaudación fiscal del gobierno mexicano ha sido tradicionalmente baja. A esto debe sumarse el hecho de que la entrada en vigor de la Reforma Energética, generará un hoyo fiscal dado que se dejará de percibir el presupuesto gubernamental generado por PEMEX, que hasta el año pasado era de alrededor de 30 por ciento.

Por lo mismo, la gestión de Enrique Peña Nieto ha buscado la manera de sustituir semejante déficit estableciendo una Reforma Fiscal en la que, entre otras cosas, destaca el impuesto sobre el consumo. Acorde a la teoría económica, el impuesto al consumo es el más injusto de todos los impuestos, ya que la cantidad captada por el gobierno no distingue entre las condiciones de vida de quienes lo aportan.

Con la entrada en vigor del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que consiste en el gravamen de 1 peso por litro en bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores y por supuesto refrescos, así como el impuesto de 8 por ciento en alimentos chatarra.

Así como con los cambios aprobados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), destaca la homologación de 11 a 16 por ciento de la tasa en las fronteras, el gravamen en la venta y alimentos de mascotas, como en el transporte público foráneo de pasajeros. Se establece que personas con ingresos distintos paguen idéntica cantidad por el mismo producto, mientras que otros esquemas de impuestos están diseñados para cobrar mayores porcentajes a quienes poseen mayores recursos.

Sin embargo, en términos de eficacia, el impuesto al consumo es el más fácil de cobrar para un Estado, debido a que se transfiere directamente al consumidor, la cantidad impositiva y por lo mismo resulta prácticamente imposible evadirla.

Cuando la capacidad de los gobiernos para cobrar impuestos a las grandes empresas se ve limitada, ya sea por falta de voluntad política, ya sea por la ausencia de medios para hacerlo, éstos recurren a percepciones impositivas hacia la ciudadanía que, en última instancia, siempre es la más afectada por este tipo de medidas.

En este contexto deben entenderse las protestas realizadas el día de ayer, en algunas ciudades del país, donde como acto de desobediencia civil, varias personas se negaron a pagar los impuestos al consumo (IVA e IEPS).

Incluso el ex diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, convocó a las y los ciudadanos a sumarse a la protesta y no pagar los nuevos impuestos, recomendando que el único “objetivo de la protesta es no pagar el IVA en alimentos”, explicó.

En la ciudad de Mexicali, Baja California, una manifestante indicó que este movimiento tiene presencia en una “veintena de ciudades a lo largo del país”. Como acto de desobediencia civil, “se trata de hacer actos de manera consciente, de manera pública e ilegales, para que entiendan que el poder está en el pueblo y no en el gobierno”; pues argumentó: “Si nosotros no pagáramos impuestos, el gobierno no tendría cómo ni a quién gobernar. La idea es hacer una serie de actos para que la gente se vaya sumando hasta llegar al paro nacional y sacar a la oligarquía de nuestro país”.